La nueva Ley de Navegación Marítima ha entrado en vigor recientemente regulando las embarcaciones de recreo y comercio marítimo, las responsabilidades civiles y la consideración de las embarcaciones por tamaño. También aborda temas como la inmigración ilegal y la contaminación marítima.

La reforma sustituye a la arcaica regulación del derecho y del comercio marítimo, dispuesta en el Título III del Código de Comercio de 1885. Numerosos factores han cambiado desde entonces en el ámbito marítimo de nuestro país, pero la escritura de tres anteproyectos de ley han dado finalmente forma a la Ley de Navegación Marítima de 2014, con el acuerdo mayoritario del Partido Popular y el rechazo de la Izquierda Plural.

La entrada en vigor de esta nueva ley acerca la regulación interna española al Derecho Marítimo Internacional y a la normativa europea en materia de comercio marítimo, titularidad de embarcaciones y responsabilidades civiles.  Se renueva el contrato de arrendamiento náutico o chárter y se aclaran las responsabilidades civiles en temas como la contaminación marítima y  la embarcación de polizones.

Buque, embarcación y pequeña unidad

El texto aprobado refleja la distinción de los vehículos de navegación según sus metros de eslora. Se considera “buque” a “todo vehículo con estructura y capacidad para navegar por el mar y para transportar personas o cosas, que cuente con cubierta corrida y de eslora igual o superior a 24 metros”. Asimismo, dispone que “embarcación” es todo vehículo navegante con una eslora menor a 24 metros y que se dedique al transporte de personas o cosas por el mar. La reforma también contempla a las “unidades menores”, entendidas como embarcaciones pequeñas con diferentes características de uso.

También se estipula la categoría de artefacto naval, entendido como una construcción flotante cuyo destino es quedar suspendido en el agua y transportar personas o cosas. Por último,  la categoría de “plataforma” se entiende como “toda estructura o instalación susceptible de realizar operaciones de explotación de los recursos naturales marítimos”.

Además de clasificar las embarcaciones por su tamaño, la reforma de la Ley de Navegación Marítima tiene en cuenta la situación actual del buque, ya sea en construcción, fondeado, varado o en el desguace.

Por otro lado, se renuevan los tipos de contratos, que ahora incluyen la posibilidad de venta forzosa o embargo, en el caso de que la embarcación no cumpla con los requisitos legales para la navegación. Asimismo, se introduce como novedad la reforma del contrato de arrendamiento náutico, conocido como chárter, que podrá ser con dotación o sin dotación.  Otros contratos de uso existentes son: por arrendamiento, fletamento, de pasaje y de remolque.

Armador y naviero

En relación a la responsabilidad civil, la ley de navegación marítima distingue entre las figuras de armador y naviero, siendo el armador responsable de cualquier hecho que se produzca en el medio marino, de la gestión náutica del buque, de su mantenimiento, navegabilidad y de la contratación del capitán. El armador deberá inscribirse como tal en el Registro de Bienes Muebles. En el caso en que el propietario de una embarcación o buque no sea el dueño de su explotación, deberá hacerlo constar a partir de la aprobación de esta ley, para evitar ser objeto de responsabilidades o acusaciones.  Por otro lado, la figura del naviero es aquella que se dedica a la explotación de buques, ya sea de titularidad propia o ajena.

Otra de las novedades de la reforma, es que se deroga finalmente la obligación de inscribir en el Registro de Bienes Muebles a los buques y a las embarcaciones de recreo o deportivos.

Temas como la inmigración ilegal y la contaminación marítima también se incluyen en la reforma, si bien quedan sujetas principalmente al Derecho Internacional y a la normativa europea. En relación a la inmigración, se trata de controlar la subida a bordo de polizones aumentando la responsabilidad del capitán del buque sobre su llegada y sobre el trato humano que reciban.

Por otro lado, la contaminación se aborda desde una perspectiva preventiva, ya que se aumenta el control sobre el mantenimiento de los buques. Sin embargo, otra de las primicias de esta reforma es que parece que se aclaran las responsabilidades civiles en caso de incidentes medioambientales, siendo el armador la principal figura imputada por estos hechos. A partir de la puesta en marcha de esta ley, el armador sería el principal incriminado en casos de contaminación ambiental, como los que experimentó el Prestige en las costas gallegas hace 11 años.

Para más información, aquí puede leer el texto oficial en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.